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Rodríguez: "La paz social de 20 años se echará por tierra si se aprueba el decreto"

Fuente noticia: LAPROVINCA.es

"Confiamos en la palabra de los socialistas de que ellos no van a aceptar una reforma impuesta", señala el presidente de la Asociación Sindical de Estibadores Portuarios (ASEP)

 

Miguel Rodríguez, portavoz de los estibadores, sale de la sede de la Sagep con cara de cansancio. Han pasado apenas unas horas desde que Fomento le informó de que acatará la reforma de la estiba que exige Europa mediante Decreto Ley, sin consenso con los trabajadores. En esta entrevista repasa la situación en la que se encuentra una negociación ya rota.

 

¿En qué situación se encuentra ahora mismo la negociación para reformar el sistema de la estiba en España?

Ahora mismo tenemos la información que nos proporcionó el ministro [de Fomento, Íñigo de la Serna], de manera verbal, sin soporte documental. Afirmó que tenía preparado un decreto ley que sacaría adelante con el apoyo de otros grupos parlamentarios, aunque no descartamos que no tenga suficientes como para que se apruebe. Así, en el peor de los casos, lo que existe es un proyecto de ley que puede aprobarse en quince días, si están todos de acuerdo, pero si hay diferencias se puede alargar.

Estamos valorándolo. El de-creto es una clara intención de regular los puestos de trabajo de manera encubierta. Además, lo que nos parece más grave, pagado con fondos  públicos. Es como si a una empresa le sobrara mañana la mitad de la plantilla y con el dinero que aportamos todos le arreglamos la sobredimensión de personal que tenga. Ante esta situación estamos valorando seriamente la huelga y es muy probable que el lunes se tome la decisión. Queremos ser prudentes y no adelantarnos a acontecimientos sin la  confirmación palpable porque, como hemos dicho, no tenemos la documentación que maneja el Ministerio.

 

¿A qué cree que se debe que todo lo que expresa el ministerio sea verbal y sin documentos?

Hay una situación un tanto extraña. Primero no nos dan documentos. Segundo, en las ruedas de prensa de esta mañana [del viernes], tanto la que dio el ministro como la de [Julio] Gómez-Pomar [secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda] y [José] Llorca [presidente de Puertos del Estado] no permitieron que se grabara para que no quedara constancia de lo dicho. Me parece que lo que intenta el Ministerio es lanzarnos una bomba, sin dejar demasiadas pruebas, que reaccionemos de manera desmedida y así obte- ner un argumento, tanto de cara a los otros grupos parlamenta-rios como a la opinión pública, para sumar fuerzas a su decreto ley. No lo van a conseguir, creo que está de  sobra demostrado que hemos hecho una apuesta importante por este sector y que está en el nivel que está por los estibadores portuarios. No digo que solo por nosotros pero, desde luego, mucho tenemos que ver. La estrategia del ministro es nefasta, echa por tierra la paz social que hemos mantenido en estas dos últimas décadas gracias a la negociación permanente, al buen entendimiento.

 

¿Cuál es la intención del Gobierno?

El planteamiento que nos hizo ayer es que tiene intención de presentar un decreto ley, que aprobarán en el Consejo de Ministros del viernes próximo y que su intención es llevarlo al Parlamento inmediatamente después. Y presumen de que tienen el apoyo de los socialistas para sacarlo adelante. En ese decreto plan-tean un periodo transitorio de  desregularización de la profesión de tres años, dando a las empresas la posibilidad de que contraten solo al 75% de los actuales estibadores el primer año, el segundo año al 50%, el tercero al 25%; y finalizado ese tiempo todo el personal que no esté ubicado en las empresas será despedido y las indemnizaciones se pagarán con los fondos públicos a
través de las autoridad portuarias. Además plantean otra cosa que se me antoja un poco más complicada. Si después de transcurrido ese plazo, hay alguna empresa que quiera echar a la calle a algún trabajador, el Estado le subvencionará su indemnización hasta 2014. Lo echa en 2020 y lo que toca cobrar hasta 2014 se lo pone el Estado y, el resto, lo pone la empresa. Creo que no hay discusión sobre la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, la que ha originado este cambio de la Ley. En ningún momento dice que hay que despedir a los trabajadores; lo que dice es que las empresas tienen la libertad de estar o no en la Sagep y de contratar el personal que considere oportuno. Nosotros decimos a ese segundo tema que perfecto, de acuerdo, y así lo hemos reflejado en el acuerdo que el próximo martes se va a votar en la asamblea de Anesco [Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques]. Por supuesto, que contraten a quien quieran, pero desde luego lo que hay que asegurar son los niveles de profesionalidad que garanticen la seguridad, la profesionalidad, la productividad, etc.

 

Una bolsa de trabajo con los actuales estibadores y no personal de fuera sin formación.

Exacto. Además hay un convenio de la OIT (Organización Internacional de Trabajadores), el número 137, que dice que los trabajadores cuya remuneración principal provenga del trabajo que desarrollan en el puerto tienen prioridad en la contratación. Eso se regula para no tener grupos de trabajadores a las puertas de los puertos y que los empresarios vengan y elijan a uno u otro con independencia de que uno lleve 10 años o de que el otro parezca más necesitado que el primero y, por lo tanto, acepte unas condiciones inferiores; etc. Esto lo hemos incluido en el acuerdo con Anesco. Nosotros estamos convencidos de que las modificaciones que hemos hecho atienden a las peticiones de Europa. No nos cabe ninguna duda de que hay una intención del presidente de Puertos del Estado de desregularizar el sector de la estiba y echar por tierra toda la estabilidad social que hemos tenido.

 

¿Cuáles son las bases de ese preacuerdo con Anesco?

Son la subrogación del personal, el compromiso de mantener el modelo de sociedad de estiba, aunque sean Centros Portuarios de Empleo, y darle solución a aquellas cuestiones que sabe-mos que el sector todavía necesita mejorar como la productividad. Y, desde luego, que las condiciones de las nuevas empresas que lleguen a los puertos españoles sean iguales a las de las que es-tán. Si hay un coste que sea el mismo para todo el mundo. Es muy importante que ese equilibrio se mantenga. Y, por supuesto, el compromiso de contratar a los trabajadores, digamos, tradicionales y que los trabajadores nuevos que entren tengan la garan- tía de una formación adecuada y correcta. De tal manera que no haya una bolsa de gente infinita donde entre cualquiera, sino que haya requisitos como que se garantice que para ser estibador se tenga entre seis meses y dos años de formación, así como superar una serie de pruebas y actitudes, que se tengan unas titulaciones mínimas.

 

Las empresas además pedían una reducción de plantilla.

Ese tema, la reducción de plantilla en los puertos donde había excedente, también lo teníamos consensuado. En Las Palmas habían pedido 67 prejubilaciones y hemos dicho que no, que no hay porque dejarlo en 67. Si con la fórmula que teníamos en el acuerdo o, se veía la posibilidad de prejubilar a todos los que le queden siete años para su jubilación y hay 200, nos vamos a 200, y que se les dé la oportunidad de que se generen nuevos puestos de trabajo. Además, nos parece que es una solución muy efectiva para mejorar la productividad.

 

Ustedes piden que mientras más gente se prejubile mejor.

Pedimos que se vaya la mayor cantidad de gente posible, con el objetivo de crear nuevos puestos de trabajo.

También había una propuesta de reducir los salarios un 30%.

En el supuesto de que algún puerto no llegara al compromiso de productividad entonces se aplicaría una reducción salarial que estaban planteando en un 30%.

 

¿Confían en que los empresarios rubriquen el acuerdo en la asamblea del próximo martes?

Claro, por supuesto. Hemos trabajado cuatro meses seriamente. Y si creyera otra cosa lo que tendría que pensar de ellos es que son unos desalmados y que se han estado riendo durante la negociación de los interlocutores sociales y eso, a fecha de hoy, no lo puedo decir. Me parece que puede haber más o menos discusión dentro de la asamblea para que salga el acuerdo, pero desde luego confiamos en que aquellos que han estado en la negociación hagan una defensa como corresponde del acuerdo y tenemos fe en que sea aprobado.

 

¿Cómo cambiaría la situación si se aprueba?

En cuanto a lo que nos ha dicho el ministro poca variación habría. Lo único que tendríamos es un acuerdo que defenderíamos las dos partes. Ya no seríamos nosotros solos, sino también las empresas. Y confiamos en que cuanto más tiremos del carro más rápido llegaremos. Pero en fin, el Gobierno después de lo que nos dijo ayer no creo que esté esperando a la decisión de Anesco. Ellos han tomado su rumbo, su camino. Desde luego que sí confiamos, a pie juntillas, de la palabra del partido socialista, de que ellos no van a aceptar ninguna modificación impuesta y quieren que prime la garantía de los puesto de trabajo.