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La batalla patronal en la estiba, el papel de la CNMC, y los efectos sobre el futuro de la profesión en los puertos

Fuente noticia: NAUCHER.com

La semana pasada NAUCHERglobal publicaba la noticia de que la Audiencia Nacional ha citado a las partes interesadas para valorar elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE para que sea éste el que resuelva, en su caso, la competencia normativa y el preacuerdo del convenio colectivo en el sector de la estiba portuaria en España, sobre todo en lo referente a la subrogación de los trabajadores (ver información relacionada).

 

No obstante, el tema viene de lejos… concretamente del 13 de junio del año pasado, que fue la fecha en que el Diario Oficial de la UE recogía una petición de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que elevó a la Justicia Europea una Petición de Decisión Prejudicial a instancias de la Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias (Asoport), como parte interesada, en su condición de –presuntamente- afectada.

NAUCHERglobal ha podido tener acceso al documento –sin filtros- que incluye las cuatro preguntas que la CNMC (a partir de las quejas de Asoport) hizo en su momento al TJUE, y en la que también se cita, como partes interesadas la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarios de Buques (Anesco), a Comisiones Obreras (CCOO), a la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), a la Confederación Intersindical Galega (CIG), a Eusko Langileen Alkartasuna (ELA), a Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB), y la Unión General de Trabajadores (UGT)¸es decir, a todos –trabajadores y empresas- quienes forman parte del sector de la estiba en España.

La propia CNMC lo publicaba en su página web el pasado 26 de junio de 2019 (acceder al enlace). Sin embargo, en ningún lugar describían que había sido Asoport quien había efectuado la petición, he ahí la novedad irrefutable que ahora le ofrecemos desde NAUCHERglobal. Que era una hipótesis muy plausible que había sido Asoport, sí; todos los caminos llevaban a esto… pero es cuanto menos curioso que la autoridad española de Competencia evite en sus comunicados a la parte interesada.

En todo caso, del texto del Diario Oficial de la UE, sí que llama poderosamente la atención que no se cite al Gobierno en estas cuestiones prejudiciales ante la Curia Europea, cuando fue a través de la mediación de Marcos Peña (a través de los ministerios de Trabajo y de Fomento) y a la intervención de Puertos del Estado que se llegó al preacuerdo de la estiba en 2019. Quizá sea porque, en su batalla por el control de la estiba con las empresas de Anesco, desde Asoport no quieran quedar mal con quienes concesionan sus espacios en los puertos españoles, aunque –quizá- sea entrar en el terreno de las confabulaciones… nunca se sabrá.

 

Así pues, las preguntas –completas- formuladas desde la CNMC eran las siguientes:

1) ¿Debe el artículo 101 del TFUE interpretarse de forma que se consideren prohibidos los acuerdos entre operadores y representantes de los trabajadores, incluso bajo la denominación de convenios colectivos, cuando determinan la subrogación de los trabajadores vinculados con la SAGEP [Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios] por parte de las empresas que se separan de ella y el modo en que la citada subrogación se realiza?

2) En caso de que la respuesta a la anterior pregunta sea positiva, ¿debe interpretarse el artículo 101 del TFUE en el sentido de que se opone a disposiciones del Derecho interno como las contenidas en el Real Decreto-ley 9/2019 en la medida en que ampara[n] los convenios colectivos que imponen una determinada forma de subrogación de trabajadores que desborda las cuestiones laborales y genera una armonización de condiciones comerciales?

3) En caso de considerar que las citadas disposiciones legales resultan contrarias al Derecho de la Unión, ¿debe interpretarse la jurisprudencia de ese Tribunal sobre la primacía del Derecho de la UE y sus consecuencias, contenidas entre otras en las sentencias Simmenthal (1) y Fratelli Costanzo (2), en el sentido de obligar a un organismo de Derecho Público como la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia a dejar inaplicadas las disposiciones del derecho interno contrarias al artículo 101 del TFUE?

4) En el caso de que la respuesta a la primera pregunta sea afirmativa, ¿deben interpretarse el art. 101 TFUE y el Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (3), y la obligación de asegurar la efectividad de las normas de la UE, en el sentido de requerir de una autoridad administrativa como la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia la imposición de multas sancionadoras y multas coercitivas a las entidades que llevan a cabo comportamientos como los descritos?

Uno, que no es abogado y menos experto en Derecho Comunitario, podría pensar que el redactado de las preguntas, tal y como está hecho, estimula a los miembros del Tribunal Europeo a dar la respuesta que quiere escuchar la parte demandante, pero quizá esto supondría poner en tela de juicio la valoración de los magistrados y me niego a creer que la Justicia –y menos la europea que, a priori, no tiene relación directa con los asuntos internos de cada país- pueda ser influenciable.

No obstante y dicho lo anterior, en enero de este año saltaba una noticia –quizá interesada- que señalaba que la Justicia Europea había dado la razón a la demanda de la CNMC. Nunca se ha podido comprobar y, además, otras fuentes apuntan a que el TJUE evitó pronunciarse al creerse no competente para ello.

 

Un informe no vinculante de Competencia, esta mañana

Mientras todo va sucediendo, la propia CNMC ha hecho pública esta misma mañana un informe no vinculante sobre el Borrador del V Acuerdo Marco sectorial, al que ha tenido acceso esta publicación. Se trata de un texto que, dada su complejidad estamos analizando para poder publicar durante las próximas horas las principales conclusiones.

Como previa, en el mismo se menciona lo que denominan como exclusividad de los Centros Portuarios de Empleo (que sale en el preacuerdo marco firmado por Anesco y CETM, en la etapa de De la Encina en Puertos del Estado) o, en otras palabras, la posibilidad de que exista subrogación. Se trata del principal caballo de batalla. Pero, los recelos de Competencia van más allá: opinan que sería un privilegio el conceder condiciones «ventajosas» a los CPE frente a otras ETTs o frente a centros de Formación y, en su injerencia, olvidan completamente que son las actuales Sagep o los CPE ya creados quienes forman a los trabajadores.

En todo caso, Competencia sí aclara que se trata de un informe no vinculante aunque, de alguna manera, amenaza de forma sobrentendida a las partes de que tomará cartas en el asunto si no se hace caso de sus advertencias.

Lo hace Competencia a sólo dos días de que finalice el período por el cual las empresas no estarán obligadas a contratar a los estibadores de las Sagep y los CPE y a poco más de una semana que la Audiencia Nacional estudie el caso tras la denuncia de Asoport; ¿será casualidad?

Recordar, en todo caso, que en uno de sus informes, el Consejo Económico y Social de España concluía ya hace unos meses que Competencia ya había alertado que el IV Acuerdo para la regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba contenía disposiciones que se extralimitaban de su objetivo extendiendo su aplicación a empresas terceras, impidiéndoles o dificultándoles el acceso al mercado de los servicios complementarios en los puertos y, por lo que parece, en el preacuerdo se podrían mantener.

La propia CNMC, cabe recordar que ya había incoado en su momento un expediente sancionador (tal y como publicamos en NAUCHERglobal) sobre la base de la posible restricción de la competencia que supondría la presunta limitación de la libertad empresarial a la hora de contratar trabajadores para la prestación de los servicios de estiba… y el tema sigue como estaba.

Los actores principales (estibadores y empresas) comenzando por los de ámbito estatal, tratan de adaptarse a cada situación pese al recelo de la CNMC. Y no se debe olvidar la propia preocupación del colectivo de profesionales ante la supresión de las relaciones laborales especiales de estiba, vigentes desde hace muchos años y que tanto bien han hecho para el progreso de los puertos españoles y para la economía en general.

 

El 14 de mayo y el futuro de la estiba

Acuciados y entretenidos como están en el Gobierno con la crisis de Covid-19 quizá no se hayan dado cuenta que pasado mañana, día 14 de mayo, las empresas no tendrán la obligatoriedad de contratar a los estibadores de las Sagep y/o los CPE. Se abre, en este sentido una nueva etapa en este conflicto.

Ya han sido al menos cinco empresas –que sepamos desde NAUCHERglobal- las que habrían contactado con puertos y sociedades de estiba para prescindir de los trabajadores a partir de la fecha fijada o en un plazo breve de tiempo en virtud de este condicionamiento.

El caso más conocido se da en Las Palmas, donde la empresa Yesos Canarios (Yecasa) ha solicitado poder realizar las tareas de carga y descarga de los graneles en su terminal prescindiendo de los estibadores y siguiendo el ejemplo de la también concesionaria Silos Canarios, tal y como publicaba la prensa regional.

Sin embargo, esta situación también tiene casos similares en otros puertos de interés general, como pueda ser el de Sagunto, con Grupo Alonso, o, también puede darse en Tarragona o Barcelona (en el arco Mediterráneo y el caso de la estiba el puerto de Cartagena no cuenta en estos menesteres, como la mayoría de nuestros lectores sabrán).

Además, hay quien apunta a que la potencia industrial de empresas miembros de Asoport como Ership o Bergé, sobre todo en el Norte de España, puedan hacer tambalearse las relaciones laborales, tal y como se conocen ahora, en los puertos de la cornisa cantábrica.

También creemos improbable que las grandes empresas que forman parte de Anesco (Maersk, Cosco, Noatum, DP World, Hutchison, MSC, TTIA…) quieran entrar en guerra abierta con las de Asoport. Antes derivarían tráficos hacia otros puertos del entorno la cual cosa no sería buena ni para los puertos, ni para las empresas auxiliares, ni para los estibadores, ni para el conjunto de la economía.

La pelota, además de en los tribunales, sigue en el tejado de trabajadores y empresas, que no han llegado a un Acuerdo Marco y que no pueden poner como excusa el coronavirus. La salida de Pedro García desde Anesco con destino a Bergé parece haber hecho más daño que el que desde la patronal podían prever en un inicio, y deben saber solucionar esta carencia. Y por parte de Antolín Goya, como líder sindical de la estiba, quizá debería replantearse las relaciones en el seno de Coordinadora y también con sus sindicatos federados; y también a nivel internacional con la unión a través del IDC.