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El Grupo Socialista presenta una proposición no de ley para adaptar los centros portuarios de empleo a mutuas laborales

Fuente noticia: NAUCHER.com

El Congreso de los Diputados y, concretamente la comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se reunirá el jueves 25 de marzo, al finalizar la sesión plenaria, para debatir y votar nueve proposiciones no de ley impulsadas por los diferentes grupos parlamentarios. Entre éstas está la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista respecto a “la necesidad de adaptar el régimen jurídico de los centros portuarios de empleo establecidos en la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, para la mejora de la seguridad jurídica de la actividad de manipulación de mercancías en el ámbito portuario”.

 

Según ha podido saber NAUCHERglobal de fuentes de la propia comisión de Transporte de la Cámara Baja, el PSOE busca que, con la proposición no de ley, pueda llegar a desbloquearse la negociación entre empresas y sindicatos, pasando por las imposiciones y el filtro de competencia, y centrando el contenido en los propios centros portuarios de empleo, a los que se busca dar mayor estabilidad en el aparatado jurídico para no encontrar distorsiones una vez se firmen los convenio puerto a puerto.

La solución aportada por el PSOE para culminar en la rúbrica del V Acuerdo Marco es que los CPE y las empresas que de ellos derivan se conviertan en una suerte de mutuas de carácter laboral, donde los socios empresariales participarían –como hasta ahora- para recibir los servicios de los estibadores y, todo ello, sin que se altere la configuración general del actual régimen laboral y societario.

En otras palabras, los actuales CPEs pasarían de ser empresas de trabajo temporal –especializadas en labores de estiba- a mutuas, que tengan en cuenta las necesidades de sus miembros empresariales, y que estos estén controlados por los contratos privados que puedan realizarse a posteriori en cada puerto en particular y en función de sus necesidades y las de los propios trabajadores.

Así, como mutuas cada miembro empresarial estaría obligado al mantenimiento de los puertos de trabajo y a dar estabilidad a la ocupación de los trabajadores que forman parte de los mismos (una manera de cerrar el capítulo de las subrogaciones) y, sobre todo, en los ámbitos que ya ahora se están llevando a cabo, como los nombramientos de manos o las funciones de los propios estibadores, caballo de batalla, sin ir más lejos, en el puerto de Bilbao.

Asimismo, como mutua, los CPE entrarían a participar de un régimen jurídico diferente, por el que cada uno tiene la obligación de prestar formación, en este caso a los estibadores.

La proposición, que fue presentada el pasado día 12 de marzo y calificada para su entrada en debate de la comisión el día 16, trata de salvaguardar jurídicamente a los trabajadores de los centros portuarios de empleo cuyos convenios continúan a la espera de poder rubricarse a la espera de la firma del ansiado V Acuerdo Marco, sobre el que sindicatos y empresas continúan dialogando de forma silenciosa y, particularmente, en el tema de la subrogación, que tantos problemas está dando debido a su encaje en la legislación europea y a las trabas de algunas empresas que no pertenecen a la patronal Anesco.

En este sentido, cabe recordar que la normativa jurídica dicta –de forma contundente- que el principio básico laboral a la hora de una sucesión o subrogación empresarial es que los trabajadores no pueden perder derechos laborales ni verse perjudicados por un cambio en el capital empresarial en el CPE o de empresa.